Inés Revuelta Sánchez, Ex Académica UNA.
El pasado mes de enero, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 24144 – Fortalecimiento y Modernización del Ministerio de Cultura y Juventud. Este proyecto debe analizarse a la luz de una posible afectación en la forma en cómo se gestionan los recursos destinados a la Cultura en Costa Rica, considerando en primera instancia, los niveles de ejecución presupuestaria que históricamente ha tenido el Ministerio y la carencia de capacidades técnicas, administrativas y presupuestarias en la concreción de las acciones estratégicas en pro de la Cultura nacional, demostradas desde las últimas dos gestiones hasta la actual. Por eso, se hace necesario esbozar algunas ideas iniciales que nos sirvan como marco de aproximación para un análisis objetivo y serio de este Proyecto de Ley.
Planteo un resumen de diez preocupaciones básicas que me surgen inicialmente con respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo:
La Cultura es inherente a los pueblos y según lo establece la UNESCO, está determinada por los rasgos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos de las personas que conforman una sociedad. Son las creencias, valores, comportamientos que identifican a los grupos humanos, siendo a su vez, inclusiva y diversa. Forma parte de nuestro quehacer cotidiano y no es propia de una élite económica o académica; es la forma de expresión de la humanidad y la forma como gestionamos nuestra convivencia, representada en lo oral, lo escrito, lo gráfico, las expresiones artísticas escénicas, artesanales o folclóricas. No existe ser humano sin Cultura, ni la Cultura se manifiesta sin la expresión humana.
El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes fue creado el 3 de diciembre de 1970 según la Ley No. 4788, publicada en La Gaceta el sábado 17 de Julio de 1971. Por tanto, a partir de ese momento es obligación del Poder Ejecutivo la gestión de los recursos financieros para que los distintos programas y proyectos del Ministerio funcionen de forma correcta, cumpliendo así con los fines para los cuales fueron creados. Estos fines tienen que ver, entre otros, con la promoción, respeto y protección de los derechos culturales para la participación, creación y disfrute de toda la población. La participación es un elemento fundamental y debe ser garantizada a todas las poblaciones sin importar su ubicación geográfica, nivel educativo, género, diversidad sexual y grupo etario al que pertenece, entre otros. Asimismo, esa garantía cubre la integración de la niñez y la juventud desde muy tempranas edades hasta las personas adultas mayores; la Cultura es un derecho humano. El Ministerio no crea Cultura, lo que realiza es una gestión de recursos públicos en favor de una sociedad que demanda servicios culturales de valor público, en los cuales intervienen las personas artistas, los grupos, colectivos, asociaciones, cooperativas, gestores y promotores entre muchos otros, sin mencionar las relaciones y cadenas de valor generadas con otros sectores y subsectores a efecto de que ¨lo artístico y cultural exista y suceda por y para las personas”.
Los recursos públicos se gestionan por medio de los Ministerios, pero pertenecen a los pueblos, quienes tienen la potestad de influir por medio de su participación también en la construcción de Políticas Públicas orientadas a garantizar una equitativa repartición de recursos entre los programas y proyectos que gestione el Ministerio. Es decir, las Políticas Públicas son elaboradas en decenios, permitiendo que los distintos actores sociales establezcan las prioridades con el fin de que se cuente con acciones claras, transparentes y concretas en favor de todas las poblaciones. Asimismo, las Políticas Públicas facilitan la concreción de indicadores de gestión y una debida rendición de cuentas.
Dentro de la sociedad se crean iniciativas de órganos que son adscritos al Ministerio de Cultura y Juventud con el fin de que sean apoyadas con recursos públicos los cuales son asignados por el Estado para que ese órgano o programa en concreto, siga cumpliendo con los fines para los cuales fue creado. Es de vital importancia que el Ministerio de Cultura y Juventud sea un articulador de la oferta cultural del país, una agenda que debe ser proporcionada por los actores culturales contando con los recursos suficientes, idóneos y
Al Poder Ejecutivo, la ciudadanía le asigna la gestión de los presupuestos del Estado y la ejecución de las Políticas Públicas sectoriales por un periodo de cuatro años. Esa gestión es intencional de conformidad con las líneas programáticas que haya propuesto el Partido Político en la oferta presentada en campaña. Por eso, no se deben plantear proyectos de Ley que carezcan de un fundamento coherente y sustentado en un programa serio y bien elaborado por personas conocedoras verdaderamente en el campo, amplio consenso político y que garanticen que las instituciones cumplan con sus fines ante nuestra sociedad. Existen proyectos de ley que son concebidos al calor de un momento histórico o de una coyuntura política y que, en consecuencia, los distintos actores políticos deben asumirlos con una visión integral y de largo plazo, pues podría incurrirse en un error histórico de darse su aprobación. Ha habido proyectos de Ley aprobados en la Asamblea Legislativa que son hechos a la medida de un Gobierno de turno y que en el largo plazo muestran sus falencias y su inoperancia ante la carencia de una debida articulación con todos los actores sociales.
6. El Proyecto de Ley 24144 pretende, según lo indica el nombre y exposición de motivos, un “fortalecimiento” (de la “modernización” podemos hablar más adelante), del Ministerio en dos vías a saber: centralizar las iniciativas culturales que se gestionan con recursos públicos y alinear ideológicamente todos los programas, órganos e instituciones adscritas al Ministerio. Esto conlleva la necesidad de un profundo análisis, considerando aspectos como: los pocos espacios de consenso que existen con el actual Poder Ejecutivo para abrir foros de debate con todos los actores sociales y culturales; la insolvencia técnica que han demostrado las autoridades ministeriales para la gestión de los programas presupuestarios amparados al bien social y a la mayor incidencia cultural así como la injerencia que han tenido algunos grupos de presión en órganos adscritos al Ministerio, facilitando presuntos actos de corrupción que se han documentado ampliamente en las Comisiones Legislativas en las últimas semanas.
7. Ahora bien, cuando existe insolvencia técnica en la Dirección de los órganos adscritos, los Consejos Directivos garantizan que las personas que asesoran a las Direcciones (jerarcas del órgano/institución), orienten las acciones hacia la consecución de los fines institucionales y además, bajo cumplimiento presupuestario. Por eso, la eliminación de estos órganos asesores (Juntas Directivas que en el caso del Ministerio funcionan de manera ad honorem) presenta un alto riesgo para la gestión institucional, por cuanto ante un viraje ideológico sin precedentes como el que está ocurriendo en la actualidad, al menos estos órganos se convierten en un reservorio ético, moral y técnico que recibe y amortigua embates de ideologías de desmantelamiento del Estado y el desastroso debilitamiento de la Cultura, como muy bien lo ha proclamado el actual Ejecutivo, quien desde la campaña política adujo que los fondos destinados a la Cultura no eran prioritarios.
8. Es importante considerar los fines de los órganos adscritos que el Proyecto de Ley está trasladando bajo el lineamiento funcional del Ministerio. Son órganos que han sido creados con un fin específico y que en la actualidad deben mantenerse bajo esa modalidad como un reservorio que garantice la diversidad, la inclusión de poblaciones y la participación de las personas artistas, de las personas hacedoras de Cultura y de la población en general, que podrían verse afectadas cuando no comulgan con la ideología política del Gobierno de turno. En muchos países la primera línea de ataque ideológico contra las personas opositoras son los presupuestos estatales y el cierre de instituciones que promueven el sentido crítico y la diversidad de posiciones. El mismo Proyecto de Ley indica que se podrán revisar las estructuras funcionales para adaptarlas a la modernización del Ministerio, una señal que conducirá, irremediablemente, a cambios de personal y reducción de los tamaños de esas instituciones sin mediar un fundamento técnico y social como corresponde para medir, entre otros, si la institución tendría el mismo o un mayor impacto al ubicarse funcionalmente dentro del Ministerio. Este es un aspecto prioritario que debe revisarse con una visión técnica y objetiva y sin apasionamientos políticos.
9. Las personas artistas, ya sea de manera individual u organizada en grupos, colectivos, asociaciones y demás, deben tener espacios garantizados así como los recursos públicos necesarios y posibles para cumplir con sus fines de creación, expresión y promoción culturl. La promoción debe cubrir a todas las poblaciones sin importar su estrato social o ubicación geográfica. Asimismo, debe promover la diversidad de visiones, la posición crítica ante las coyunturas políticas, económicas y sociales y debe conducir a reconstruir el tejido social, el cual está seriamente afectado por la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado y la penetración de las drogas en nuestras comunidades. De ahí que, la gestión cultural se convierte en una propuesta potente para que las comunidades cuenten con una oferta desde la Cultura, que atienda a la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, las personas mayores y los grupos de mujeres entre otros, sin dejar fuera a nadie. Las personas artistas así como las gestoras de la Cultura, tienen una cercanía con las comunidades que debe aprovecharse para que construyan espacios seguros de convivencia que estimulen la creatividad y la concreción de proyectos de vida, especialmente para la niñez y la juventud.
10. La sociedad se merece una Política Pública de Derechos Culturales acorde con las demandas de una sociedad que muestra serios signos de deterioro. Debe convertirse en una propuesta que aglutine los pueblos originarios, las comunidades y grupos organizados, los gobiernos locales y las iniciativas gubernamentales. Debe conducir hacia una oferta inclusiva, diversa, variada y que represente todos los rasgos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos de las personas que conforman la sociedad, al mismo tiempo que la Cultura, represente las creencias y los valores arraigados en la sociedad que no debe minarse ante las violencias que están aconteciendo en la actualidad.
La gestión de los recursos públicos destinados a la Cultura debe tener como norte la promoción de espacios seguros y de desarrollo para la sociedad. Espacios que se construyen desde una visión de respeto por las creencias y valores, por la diversidad y la inclusión y por el rescate de todos los grupos humanos, especialmente los que están en mayor riesgo social. La dignidad de todas las personas es un derecho fundamental y la Cultura es un vehículo seguro para proveerla. El disfrute de los productos culturales no es un lujo ni un privilegio de las élites económicas, es la que tiende los hilos del tejido social, la que sostiene las tradiciones, la que expresa y afloja los sentimientos humanos más nobles y es, la que nos permitirá mirar con esperanza el futuro de nuestra niñez.
Por tanto, planteo algunas ideas preliminares sobre cómo se debe y puede fortalecer al Ministerio de Cultura y Juventud:
El Ministerio de Cultura y Juventud debe fortalecerse pero no a partir de reacomodos impuestos en su estructura funcional, lo cual conduciría a una peligrosa concentración de poder y no en una verdadera democratización de la Cultura.
Debe fortalecerse, pero no a partir de un movimiento centralizador sin un fundamento programático establecido en una Política Nacional de Derechos Culturales. Por cierto, ¿la Política para cuándo? La actual venció en el 2023, por ende, si están trabajando en la nueva Política deberían haberla presentado de previo a la elaboración de este proyecto de ley.
Debe fortalecerse a partir de la asignación de recursos suficientes e idóneos así como de la rendición de cuentas, pero muy en especial, con una adecuada gestión presupuestaria liderada por sus jerarcas y el Ejecutivo.
Debe fortalecerse a partir del diálogo y consenso previo con los mismos órganos y no por una consulta hecha a estos entes de manera posterior a su presentación ante la Asamblea Legislativa. Son los órganos (instituciones adscritas) quienes cuentan con los especialistas cada uno en su campo y en los fines para los cuales fueron creados.
Debe fortalecerse a partir de un adecuado y completo entendimiento de lo que es la Cultura.
Debe fortalecerse a partir de la construcción de una visión compartida con los grupos sociales y culturales del país. Debe replantear sus fines ante una sociedad que demanda productos públicos con valor, que conduzcan al bien social y que impacte nuestras comunidades y poblaciones.
Debe fortalecerse con proyectos y acciones presentadas desde el inicio de un periodo de Gobierno que busca, sobre una propuesta programática bien elaborada, contar con el tiempo suficiente para lograr consensos y avanzar hacia un verdadero resultado en pro de la Cultura y la Patria. La presentación por parte del Gobierno de un proyecto como este prácticamente a mitad de su periodo, sugiere una curva de aprendizaje muy larga a costa del pueblo, un equivocado sentido del “timing” legislativo, cuando prevalece una intención de meramente aglutinar un presupuesto y centralizar el recurso humano, en menoscabo de los fines del Ministerio, el sector y la población.
Y por supuesto, un Ministerio de Cultura y Juventud, en atención no sólo a su denominación sino a sus fines, debe fortalecer tanto el sector Cultura como el de Juventudes o de lo contrario, en vez de proponer el “achique”, más bien podría valorar y trabajar para darle a Juventudes su propia autonomía ministerial.
Hago un vehemente llamado a las personas del sector Cultura y entre ellas a artistas, colectivos, y grupos organizados así como a la población en general para que abramos un diálogo constructivo en favor del verdadero fortalecimiento del Ministerio de Cultura y Juventud. A las señoras Diputadas y Diputados de la República, les insto respetuosamente a analizar este proyecto en el marco del conocimiento, trayectoria y relevancia del Ministerio de Cultura y Juventud y de lo que implica a todo nivel lo que en este se propone, tanto en el ámbito de una gestión pública eficaz y eficiente, como del impacto social y económico que puede tener.
Llamo a un diálogo claro y sincero en donde primero esté la Patria, el bien común y la sociedad y releguemos al último lugar, las mezquindades políticas y la falta de liderazgos éticos así como de sustento técnico y social, tan presentes en nuestra cotidianidad.